ANDANZA CONSTITUCIONAL ESPAÑOLA

EL ESTATUTO DE BAYONA
LA PRIMERA AVENTURA CONSTITUCIONAL


Aunque ya durante el Antiguo Régimen existieron leyes fundamentales que los
monarcas absolutos debían respetar (La Carta de Carlomagno de 1215, o las leyes
elaboradas por el Parlamento Británico durante el reinado de Enrique VIII), lo cierto es
que hasta el siglo XVIII no se inicia una corriente de pensamiento basada en la necesidad
de plasmar en una ley los derechos individuales de los ciudadanos y de racionalizar el
poder, hasta entonces en manos de una sola persona, adecuándolo a las necesidades del
Estado. Montesquieu, uno de los máximos exponentes del movimiento ilustrado, al hablar
de un ideal de gobierno moderado o constitucionalista, se basaba en la adecuación entre la
forma de ser de la población y la configuració n del gobierno.
Dos hechos históricos marcaron decididamente el movimiento constitucionalista
contemporáneo: la proclamación de independencia de los Estados Unidos de América, el
4 de julio de 1776, y la Revolución Francesa del 14 de julio de 1789.
En la Declaración de Independencia de las 13 colonias americanas, redactada por
Thomas Jefferson, se dice: “Consideramos evidentes por sí mismas las siguientes
verdades: todos los hombres han sido creados iguales; el Creador les ha concedido
ciertos derechos inalienables; entre estos derechos se cuentan: la vida, la libertad y la
busca de la felicidad. Los gobiernos son establecidos entre los hombres para garantizar
esos derechos y su justo poder emana del consentimiento de los gobernados".
La Revolución Francesa acaba con el Antiguo Régimen y con el orden político,
económico y social imperantes. La incipiente burguesía francesa reivindica la abolición
de los privilegios del clero y la nobleza, y reclama un mayor protagonismo para sí misma,
aunque no para el conjunto de la población. Así, la Declaración de Derechos del Hombre
y del Ciudadano, presentada a la Asamblea Nacional francesa por La Fayette, afirma que
“los hombres nacen y viven libres e iguales bajo las leyes”, sin embargo, se acepta la
existencia de diferencias sociales “aunque sólo por razón de utilidad común”. Este
espíritu burgués también inspirará la Constitución francesa de 1791.
A partir de este momento, el término constitución viene a significar aquel conjunto de
normas bajo las cuales se rige un Estado, cuya eficacia depende del grado de aceptación
entre los ciudadanos; además de un intento de limitación e institucionalización del poder,
mediante un reconocimiento de los derechos fundamentales y una división de poderes.
Esta será la esencia del movimiento constitucionalista que se inicia en el siglo XIX y que
dará lugar a un sinfín de constituciones en todo el mundo, principalmente en Europa.
Paulatinamente, la constitución adquiere el rango de súper ley y una función legitimadora.
Donnedieu de Vabre, en su obra El Estado, expresa con claridad esta idea: "...la
elaboración de una Constitución es un rito pacificador que remata las revoluciones o
apacigua las revueltas y, para los pueblos que se liberan, concretamente es el símbolo de
la independencia”.
La constante sucesión de constituciones tiene un buen ejemplo en España donde, a lo
largo del siglo XIX, los españoles asistieron a la aprobación de cinco textos
constitucionales, una Carta Otorgada y un Estatuto Real; y a la elaboración de otros tantos
proyectos, que no vieron la luz porque sus autores no estuvieron el suficiente tiempo en el
poder para aprobarlos. Algunos historiadores han explicado esta circunstancia
argumentando que existía un constante enfrentamiento entre el poder ejecutivo y
legislativo, y que sus máximos representantes, el Rey y las Cortes, estaban convencidos
de que nunca podrían llegar a gobernar juntos. Así, y dependiendo de la supremacía de
uno u otro, vieron la luz constituciones que, lejos de avanzar en el desarrollo de las
libertades fundamentales, supusieron un constante retroceso y vuelta a empezar. Y es que,
en el fondo, los reyes españoles se resistían a prescindir de sus poderes y privilegios
universalmente reconocidos con anterioridad a la Revolución Francesa; los liberales, por
su parte, suspiraban por derrocar la Monarquía como forma de gobierno. Quizá por estar
excesivamente obsesionados con este empeño, no consiguieron afianzar ningún partido
político, ni forjar un sistema liberal-democrático que hubiera impulsado el desarrollo de
España en todos los aspectos: político, económico y social.
España no escapó al influjo revolucionario, a pesar de los muchos esfuerzos
realizados por el Rey Carlos IV y por su primer ministro Manuel Godoy. Cuando el
ejército francés invadió España en 1808 y el Rey Carlos IV fue obligado a abdicar en
favor de José I, hermano de Napoleón, éste último necesitaba legitimar de algún modo al
nuevo Rey. Para ello, convocó una Asamblea de diputados españoles, con el objetivo de
elaborar una Constitución, a la que se llamó Estatuto de Bayona. En la práctica, los 150
representantes españoles se limitaron a aprobar los textos redactados por el francés Jean-
Baptiste Esménard y revisados por el propio Napoleón. La Gaceta de Madrid publicó, el
25 de mayo de 1808, un decreto del emperador francés que decía así:
"Españoles: después de una larga agonía vuestra nación iba a perecer. He visto
vuestros males y voy a remediarlos. Vuestra grandeza y vuestro poder hacen parte del
mío. Vuestros príncipes me han cedido todos sus derechos a la corona de España. Yo no
quiero reinar en vuestras provincias; pero quiero adquirir derechos eternos al amor y al
reconocimiento de vuestra prosperidad. Vuestra monarquía es vieja; mi misión es
renovarla; mejoraré vuestras instituciones, y os haré gozar, si me ayudáis, de los
beneficios de una reforma, sin que experimentéis quebrantos, desórdenes y convulsiones.
Españoles: he hecho convocar una asamblea general de las diputaciones de las
provincias y ciudades. Quiero asegurarme por mí mismo de vuestros deseos y
necesidades. Entonces depondré todos mis derechos, y colocaré vuestra gloriosa corona
en las sienes de un otro Yo, garantizándoos al mismo tiempo una constitución que
concilie la santa y saludable autoridad del soberano con las libertades y privilegios del
pueblo. Españoles: recordad lo que han sido vuestros padres, y contemplad vuestro
estado. No es vuestra la culpa, sino del mal gobierno que os ha regido; tened una gran
confianza en las circunstancias actuales, pues yo quiero que mi memoria llegue hasta
vuestros últimos nietos, y exclamen: Es el regenerador de nuestra patria. Napoléon".
El Estatuto de Bayona no fue una constitución, sino una carta otorgada que recogió
algunos derechos fundamentales como la supresión de privile gios, la inviolabilidad del
domicilio, la libertad de imprenta, la abolición del tormento y el derecho al acceso a
cargos públicos. El texto, que contenía 146 artículos dispuestos en 13 títulos, instituyó la
monarquía hereditaria como forma de gobierno, aunque señalaba que el Rey debería
contar con sus nueve ministros, un secretario de Estado, el Parlamento y el Consejo de
Estado para gobernar el país. No proclamaba la división de poderes, sino que el Rey
ocupaba el centro del sistema y era el que nombraba a los ministros, a los miembros del
Consejo de Estado, a algunos diputados, al presidente de las Cortes y a los jueces.
Se creó la figura del Parlamento, compuesto por el Senado y las Cortes. El Senado
estaba integrado por los Infantes de España y por 24 senadores elegidos por el Rey. Las
Cortes tenían un carácter estamental. La iniciativa legislativa correspondía al Consejo de
Estado. Se estableció un sufragio indirecto para la elección de los diputados provinciales.
La religión católica era la religión del Rey y de la nación y no se permitía ninguna otra.
El Estatuto contenía diversos elementos especialmente dirigidos a fomentar el
desarrollo de la sociedad y a favorecer el auge de la burguesía, en detrimento de la
nobleza. Así, se fomentó el comercio, mediante el establecimiento de la libertad de
industria y la supresión de los privilegios comerciales. Se suprimieron las aduanas
interiores y se concedió la igualdad de las colonias con respecto a la metrópoli. A pesar de
que se trató de un documento directamente dictado por el invasor, lo cierto es que el
Estatuto de Bayona constituyó la primera experiencia constitucional española y, aunque
resulte paradójico, influyó en la que sería la primera Constitución elaborada y aprobada
por los españoles en Cádiz, en 1812.
CONSTITUCIÓN DE BAYONA DE 1808
En el nombre de Dios Todopoderoso: Don José Napoleón, por la gracia de Dios, Rey de
las Españas y de las Indias:
Habiendo oído la Junta nacional, congregada en Bayona de orden de nuestro muy caro y
muy amado hermano Napoleón, Emperador de los Franceses y Rey de Italia, protector de
la Confederación del Rhin, etc.
Hemos decretado y decretamos la presente Constitución , para que se guarde como ley
fundamental de nuestros Estados y como base del pacto que une a nuestros pueblos con
Nos, y a Nos con nuestros pueblos.
TÍTULO I
De la Religión
Art. 1. La religión Católica, Apostólica y Romana, en España y en todas las posesiones
españolas, será la religión del Rey y de la Nación, y no se permitirá ninguna otra.
TÍTULO II
De la sucesión de la Corona
Art. 2. La Corona de las Españas y de las Indias será hereditaria en nuestra descendencia
directa, natural y legitima, de varón en varón, por orden de primogenitura y con exclusión
perpetua de las hembras.
En defecto de nuestra descendencia masculina natural y legítima, la Corona de España y
de las Indias volverá a nuestro muy caro y muy amado hermano Napoleón, Emperador de
los franceses y Rey de Italia, y a sus herederos y descendientes varones, naturales y
legítimos o adoptivos.
En defecto de la descendencia masculina, natural o legitima o adoptiva de dicho nuestro
muy caro y muy amado hermano Napoleón, pasará la Corona a los descendientes varones,
naturales legítimos, del Príncipe Luis-Napoleón, Rey de Holanda.
En defecto de descendencia masculina natural y legitima del Príncipe Luis-Napoleón, a
los descendientes varones naturales y legítimos del Príncipe Jerónimo-Napoleón, Rey de
Westfalia.
En defecto de éstos, al hijo primogénito, nacido antes de la muerte del último Rey, de la
hija primogénita entre las que tengan hijos varones, y a su descendencia masculina,
natural y legítima, y en caso de que el último Rey no hubiese dejado hija que tenga varón,
a aquel que haya sido designado por testamento, ya sea entre sus parientes más cercanos,
o ya entre aquellos que haya creído más dignos de gobernar a los españoles.
Esta designación del Rey se presentará a las Cortes para su aprobación.
Art. 3. La Corona de las Españas y de las Indias no podrá reunirse nunca con otra en una
misma persona.
Art. 4. En todos los edictos, leyes y reglamentos, los títulos del Rey de las Españas serán:
D.N..., por la gracia de Dios y por la Constitución del Estado, Rey de las Españas y de las
Indias.
Art. 5. El Rey, al subir al bono o al llegar a la mayor edad, prestará juramento sobre los
Evangelios, y en presencia del Senado, del Consejo de Estado, de las Cortes y del
Consejo Real, llamado de Castilla.
El ministro Secretario de Estado extenderá el acta de la prestación del Juramento.
Art. 6. La fórmula del juramento del Rey será la siguiente: “Juro sobre los santos
Evangelios respetar y hacer respetar nuestra santa religión, observar y hacer observar la
Constitución, conservar la integridad y la independencia de España y sus posesiones,
respetar y hacer respetar la libertad individual y la propiedad y gobernar solamente con la
mirada del interés, de la felicidad y de la gloria de la nación española”.
Art. 7. Los pueblos de las Españas y de las Indias prestarán juramento al Rey en esta
forma: “Juro fidelidad y obediencia al Rey, a la Constitución y a las leyes”.
TÍTULO III
De la Regencia
Art. 8. El Rey será menor hasta la edad de diez y ocho años cumplidos. Durante su menor
edad habrá un Regente del reino.
Art. 9. El Regente deberá tener, a lo menos, veintiocho años cumplidos.
Art. 10. Será Regente el que hubiera sido designado por el Rey predecesor, entre los
infantes que tengan la edad determinada en el artículo antecedente.
Art. 11. En defecto de esta designación del Rey predecesor, recaerá la Regencia en el
infante más distante del Trono en el orden de herencia, que tenga veinticinco años
cumplidos.
Art. 12. Si a causa de la menor edad del infante más distante del Trono en el orden de
herencia, recayese la Regencia en un pariente más próximo, éste continuará en el ejercicio
de sus funciones, hasta que el Rey llegue a su mayor edad.
Art. 13. El Regente no será personalmente responsable de los actos de su administración.
Art. 14. Todos los actos de la Regencia saldrán a nombre del Rey menor.
Art. 15. De la renta con que está dotada la Corona, se tomará la cuarta parte para dotación
del Regente.
Art. 16. En el caso de no haber designado Regente el Rey predecesor, y de no tener
veinticinco años cumplidos ninguno de los infantes, se formará un Consejo de Regencia,
compuesto de los siete senadores más antiguos.
Art. 17. Todos los negocios del Estado se decidirán a pluralidad de votos por el Consejo
de Regencia, y el mismo Secretario de Estado llevará registro de las deliberaciones.
Art. 18. La Regencia no dará derecho alguno sobre la persona del Rey menor.
Art. 19. La guarda del Rey menor se confiará al príncipe designado a este efecto por el
predecesor del Rey menor, y en defecto de esta designación a su madre.
Art. 20. Un Consejo de tutela, compuesto de cinco senadores nombrados por el último
Rey, tendrá el especial encargo de cuidar de la educación del Rey menor, y será
consultado en todos los negocios de importancia relativos a su persona y a su casa.
Si el último Rey no hubiera designado los senadores, compondrán este Consejo los cinco
más antiguos.
En caso que hubiera al mismo tiempo Consejo de Regencia, compondrán el Consejo de
tutela los cinco senadores, que se sigan por orden de antigüedad a los del Consejo de
Regencia.
TÍTULO IV
De la dotación de la Corona.
Art. 21. El patrimonio de la Corona sé compondrá de los palacios de Madrid, de El
Escorial, de San Ildefonso, de Aranjuez, de El Pardo y de todos los demás que hasta ahora
han pertenecido a la misma Corona, con todos los parques, bosques, cercados y
propiedades dependientes de ellos, de cualquier naturaleza que sean.
Las rentas de estos bienes entrarán en el tesoro de la Corona, y si no llegan a la suma
anual de un millón de pesos fuertes, se les agregarán otros bienes patrimoniales, hasta que
su producto o renta total complete esta suma.
Art. 22. El Tesoro público entregará al de la Corona una suma anual de dos millones de
pesos fuertes, por duodécimas partes o mesadas.
Art. 23. Los infantes de España, luego que lleguen a la edad de doce años, gozarán por
alimentos una renta anual, a saber: el Príncipe heredero, de 200.000 pesos fuertes; cada
uno de los infantes, de 100.000 pesos fuertes; cada una de las infantas, de 50.000 pesos
fuertes.
El Tesoro público entregará estas sumas al tesorero de la Corona.
Art. 24. La Reina tendrá de viudedad 400.000 pesos fuertes, que se pagarán del tesoro de
la Corona.
TÍTULO V
De los oficios de la Casa Real
Art. 25. Los jefes de la Casa Real serán seis, a saber: Un capellán mayor. Un caballerizo
mayor. Un montero mayor. Un mayordomo mayor. Un camarero mayor. Un gran maestro
de ceremonias.
Art. 26. Los gentiles-hombres de Cámara, mayordomos de semana, capellanes de honor,
maestros de ceremonia, caballerizas y ballesteros, son de la servidumbre de la Casa Real.
TÍTULO VI
Del Ministerio
Art. 27. Habrá nueve ministerios, a saber un Ministerio de Justicia. Otro de Negocios
Eclesiásticos. Otro de Negocios Extranjeros. Otro del Interior. Otro de Hacienda. Otro de
Guerra. Otro de Marina. Otro de Indias. Otro de Policía General.
Art. 28. Un Secretario de Estado, con la calidad de ministro, refrendará todos los
decretos.
Art. 29. El Rey podrá reunir, cuando lo tenga por conveniente, el Ministerio de Negocios
Eclesiásticos al de Justicia y el de Policía General al del Interior.
Art. 30. No habrá otra preferencia entre los ministros que la de la antigüedad de sus
nombramientos.
Art. 31. Los ministros, cada uno en la parte que le toca, serán responsables de la
ejecución de las leyes y de las órdenes del Rey.
TÍTULO VII
Del Senado
Art. 32. El Senado se compondrá:
1.° De los infantes de España que tengan diez y ocho años cumplidos.
2.° De veinticuatro individuos, nombrados por el Rey entre los ministros, los capitanes
generales del Ejército y la Armada, los embajadores, consejeros de Estado y los del
Consejo Real.
Art. 33. Ninguno podrá ser nombrado senador si no tiene cuarenta años cumplidos.
Art. 34. Las plazas de senador serán de por vida.
No se podrá privar a los senadores del ejercicio de sus funciones, sino en virtud de una
sentencia legal dada por los Tribunales competentes .
Art. 35. Los consejeros de Estado actuales serán individuos del Senado.
No se hará ningún nombramiento hasta que hayan quedado reducidos a menos del número
de veinticuatro, determinado por el artículo 32.
Art. 36. El presidente del Senado será nombrado por el Rey, y elegido entre los
senadores. Sus funciones durarán un año.
Art. 37. Convocará el Senado, o de orden del Rey, o a petición de las Juntas de que se
hablará después en los artículos 40 y 45, o para los negocios interiores del cuerpo.
Art. 38. En caso de sublevación a mano armada, o de inquietudes que amenacen la
seguridad del Estado, el Senado, a propuesta del Rey, podrá suspender el imperio de la
Constitución por tiempo y en lugares determinados.
Podrá, asimismo, en casos de urgencia y a propuesta del Rey, tomar las demás medidas
extraordinarias, que exija la conservación de la seguridad pública.
Art. 39. Toca al Senado velar sobre la conservación de la libertad individual y de la
libertad de la imprenta luego que ésta última se establezca por ley, como se previene
después, TÍTULO XIII, artículo 145.
El Senado ejercerá facultades de modo que se prescribirá en los artículos siguientes.
Art. 40. Una junta de cinco senadores, nombrados por el mismo Senado, conocerá, en
virtud de parte que le da el ministro de Policía General, de las prisiones ejecutadas con
arreglo al artículo 134 del TÍTULO XIII, cuando las personas presas no han sido puestas
en libertad, o entregadas a disposición de los tribunales, dentro de un mes de su prisión.
Esta junta se llamará Junta Senatoria de Libertad Individual.
Art. 41. Todas las personas presas y no puestas en libertad o en juicio dentro del mes de
su prisión, podrán recurrir directamente por sí, sus parientes o representantes, y por medio
de petición, a la Junta Senatoria de Libertad Individual.
Art. 42. Cuando la Junta senatoria entienda que el interés del Estado no justifica la
detención prolongada por más de un mes, requerirá al ministro que mandó la prisión, para
que haga poner en libertad a la persona detenida o la entregue a disposición del Tribunal
competente.
Art. 43. Si después de tres requisiciones consecutivas, hechas en el espacio de un mes, la
persona detenida no fuese puesta en libertad, o remitida a los Tribunales ordinarios la
Junta pedirá que se convoque al Senado, el cual, si hay méritos para ello, hará la siguiente
declaración: “Hay vehementes presunciones de que N... está detenido arbitrariamente”.
El presidente pondrá en manos del Rey la deliberación motivada del Senado.
Art. 44. Esta deliberación será examinada, en virtud de orden del Rey, por una junta
compuesta de los presidentes de sección del Consejo de Estado y de cinco individuos del
Consejo Real.
Art. 45. Una junta de cinco senadores, nombrados por el mismo Senado, tendrá el
encargo de velar sobre la libertad de la imprenta.
Los papeles periódicos no se comprenderán en la disposición de este artículo.
Esta Junta se llamará Junta Senatoria de Libertad de la Imprenta.
Art. 46. Los autores, impresores y libreros, que crean tener motivo para quejarse de que
se les haya impedido la impresión o la venta de una obra, podrán recurrir directamente, y
por medio de petición, a la Junta Senatoria de Libertad de la Imprenta.
Art. 47. Cuando la Junta entienda que la publicación de la obra no perjudica al Estado,
requerirá al ministro que ha dado la orden para que la revoque.
Art. 48. Si después de tres requisiciones consecutivas, hechas en el espacio de un mes, no
la revocase, la Junta pedirá que se convoque el Senado, el cual, si hay méritos para ello,
hará la declaración siguiente: “Hay vehementes presunciones de que la libertad de la
imprenta ha sido quebrantada”.
El presidente pondrá en manos del Rey la deliberación motivada del Senado.
Art. 49. Esta deliberación será examinada de orden del Rey, por una junta compuesta
como se previno arriba (art. 44).
Art. 50. Los individuos de estas juntas se renovarán por quintas partes cada seis meses.
Art. 51. Sólo el Senado, a propuesta del Rey, podrá anular como inconstitucionales las
operaciones de las juntas de elección, para el nombramiento de diputados de las
provincial, o las de los Ayuntamientos para el nombramiento de diputados de las
ciudades.
TÍTULO VIII
Del Consejo de Estado
Art. 52. Habrá un Consejo de Estado presidido por el Rey, que se compondrá de treinta
individuos a lo menos, y de sesenta cuando más, y se dividirá en seis secciones, a saber:
Sección de Justicia y de Negocios Eclesiásticos. Sección de lo Interior y Policía General.
Sección de Hacienda. Sección de Guerra. Sección de Marina y Sección de Indias.
Cada sección tendrá un presidente y cuatro individuos a lo menos.
Art. 53. El Príncipe heredero podrá asistir a las sesiones del Consejo de Estado luego que
llegue a la edad de quince años.
Art. 54. Serán individuos natos del Consejo de Estado, los ministros y el presidente del
Consejo Real; asistirán a sus sesiones cuando lo tengan por conveniente; no harán parte
de ninguna sección, ni entrarán en cuenta para el número fijado en el artículo antecedente.
Art. 55. Habrá seis diputados de Indias adjuntos a la Sección de Indias, con voz
consultiva, conforme a lo que establece más adelante, Art. 95, Título X.
Art. 56. El Consejo de Estado tendrá consultores, asistentes y abogados del Consejo.
Art. 57. Los proyectos de leyes civiles y criminales y los reglamentos generales de
administración pública serán examinados y extendidos por el Consejo de Estado.
Art. 58. Conocerá de las competencias de jurisdicción entre los cuerpos administrativos y
judiciales, de la parte contenciosa, de la administración y de la citación a juicio de los
agentes o empleados de la administración pública.
Art. 59. El Consejo de Estado, en los negocios de su dotación, no tendrá sino voto
consultivo.
Art. 60. Los decretos del Rey sobre objetos correspondientes a la decisión de las Cortes,
tendrán fuerza de ley hasta las primeras que se celebren, siempre que sean ventilados en
el Consejo de Estado.
TÍTULO IX
De las Cortes
Art. 61. Habrá Cortes o Juntas de la Nación, compuestas de 172 individuos, divididos en
tres estamentos, a saber:
El estamento del clero. El de la nobleza. El del pueblo.
El estamento del clero se colocará a la derecha del Trono, el de la Nobleza a la izquierda
y en frente el estamento del pueblo.
Art. 62. El estamento del clero se compondrá de 25 arzobispos y obispos.
Art. 63. El estamento de la nobleza se compondrá de 25 nobles, que se titularán Grandes
de Cortes.
Art. 64. El estamento del pueblo se compondrá:
1.° De 62 diputados de las provincias de España e Indias.
2.° De 30 diputados de las ciudades principales de España e islas adyacentes.
3.° De 15 negociantes o comerciantes.
4.° De 15 diputados de las Universidades, personas sabias o distinguidas por su mérito
personal en las ciencias o en las artes.
Art. 65. Los arzobispos y obispos, que componen el estamento del Clero, serán elevados
a la clase de individuos de Cortes por una célula sellada con el gran sello del Estado, y no
podrán ser privados del ejercicio de sus funciones, sino en virtud de una sentencia dada
por los tribunales competentes y en forma legal.
Art. 66. Los nobles, para ser elevados a la clase de Grandes de Cortes, deberán disfrutar
una renta anual de 20.000 pesos fuertes a lo menos, o haber hecho largos e importantes
servicios en la carrera civil o militar. Serán elevados a esta clase por una célula sellada
con el gran sello del Estado, y no podrán ser privados del ejercicio de sus funciones, sino
en virtud de una sentencia dada por los tribunales competentes y en forma legal.
Art. 67. Los diputados de las provincias de Estado e islas adyacentes serán nombrados
por éstas a razón de un diputado por 300.000 habitantes, poco más o menos. Para este
efecto se dividirán las provincial en partidos de elección, que compongan la población
necesaria, para tener derecho a la elección de un diputado.
Art. 68. La junta que ha de proceder a la elección del diputado de partido recibirá su
organización de una ley hecha en Cortes, y hasta esta época se compondrá:
1.° Del decano de los regidores de todo pueblo que tenga a lo menos cien habitantes, y si
en algún partido no hay 20 pueblos, que tengan este vecindario, se reunirán las
poblaciones pequeñas, para dar un elector a razón de cien habitantes, sacándose éste por
suerte, entre los regidores decanos, de cada uno de los referidos pueblos.
2.° Del decano de los curas de los pueblos principales del partido, los cuales se designarán
de manera que el número de los electores eclesiásticos no exceda del tercio del número
total de los individuos de la junta de elección.
Art. 69. Las juntas de elección no podrán celebrarse, sino en virtud de real cédula de
convocación, en que se expresen el objeto y lugar de la reunión, y la época de la apertura
y de la conclusión de la junta. El presidente de ella será nombrado por el Rey.
Art. 70. La elección de diputados de las provincias de Indias se hará conforme a lo que se
previene en el artículo 93, Título X.
Art. 71. Los diputados de las 30 ciudades principales del reino serán nombrados por el
Ayuntamiento de cada una de ellas.
Art. 72. Para ser diputado por las provincias o por las ciudades se necesitará ser
propietario de bienes raíces.
Art. 73. Los 15 negociantes o comerciantes serán elegidos entre los individuos de las
Juntas de Comercio y entre los negociantes más ricos y más acreditados del Reino, y
serán nombrados por el Rey entre aquellos que se hallen comprendidos en una lista de 15
individuos, formada por cada uno de los Tribunales y Juntas de Comercio.
El Tribunal y la Junta de Comercio se reunirá en cada ciudad para formar en común su
lista de presentación.
Art. 74. Los diputados de las Universidades, sabios y hombres distinguidos por su mérito
personal en las ciencias y en las artes, serán nombrados por el Rey entre los
comprendidos en una lista: 1.° De 15 candidatos presentados por el Consejo Real; 2.° De
siete candidatos presentados por cada una de las Universidades del Reino.
Art. 75. Los individuos del estamento del pueblo se renovarán de unas Cortes para otras,
pero podrán ser reelegidos para las Cortes inmediatas Sin embargo, el que hubiese
asistido a dos juntas de Cortes consecutivas no podrá ser nombrado de nuevo sino
guardando un hueco de tres años
Art. 76. Las Cortes se juntarán en virtud de convocación hecha por el Rey. No podrán ser
diferidas, prorrogadas ni disueltas sino de su orden. Se juntarán a lo menos una vez cada
tres años.
Art. 77. El presidente de las Cortes será nombrado por el Rey, entre tres candidatos que
propondrán las Cortes mismas, por escrutinio y la pluralidad absoluta de votos.
Art. 78. A la apertura de cada sesión nombrarán las Cortes:
1.° Tres candidatos para la presidencia. 2 ° Dos vicepresidentes y dos secretarios. 3.°
Cuatro comisiones compuestas de cinco individuos cada una, a saber: Comisión de
Justicia, Comisión de lo Interior, Comisión de Hacienda y Comisión de Indias.
El más anciano, de los que asistan a la Junta, la presidirá hasta la elección de presidente.
Art. 79. Los vicepresidentes sustituirán al presidente, en caso de ausencia o impedimento,
por el orden en que fueron nombrados.
Art. 80. Las sesiones de las Cortes no serán públicas, y sus votaciones se harán en vez o
por escrutinio; y para que haya resolución, se necesitará la pluralidad absoluta de votos
tomados individualmente.
Art. 81. Las opiniones y las votaciones no deberán divulgarse ni imprimirse. Toda
publicación por medio de impresión o carteles, hecha por la Junta de Cortes o por alguno
de sus individuos, se considerará como un acto de rebelión.
Art. 82. La ley fijará de tres en tres años la cuota de las rentas y gastos anuales del
Estado, y esta ley la presentarán oradores del Consejo de Estado a la deliberación y
aprobación de las Cortes.
Art. 83. Los proyectos de ley se comunicarán previamente por las secciones del Consejo
de Estado a las Comisiones respectivas de las Cortes, nombradas al tiempo de su apertura.
Art. 84. Las cuentas de Hacienda dadas por cargo y data, con distinción del ejercicio de
cada año, y publicadas anualmente por medio de la imprenta, serán presentadas por el
ministro de Hacienda a las Cortes, y éstas podrán hacer, sobre los abusos introducidos en
la administración, las representaciones que juzguen convenientes.
Art. 85. En caso de que las Cortes tengan que manifestar quejas graves y motivadas sobre
la conducta de un ministro, la representación que contenga estas quejas y la exposición de
sus fundamentos, votada que sea, será presentada al Trono por una diputación.
Examinará esta representación, de orden del Rey, una comisión compuesta de seis
consejeros de Estado y de seis individuos del Consejo Real.
Art. 86. Los decretos del Rey, que se expidan a consecuencia de deliberación y
aprobación de las Cortes, se promulgarán con esta fórmula: “Oídas las Cortes”.
TÍTULO X
De los reinos y provincias españolas de América y Asia
Art. 87. Los reinos y provincias españolas de América y Asia gozarán de los mismos
derechos que la Metrópoli
Art. 88. Será libre en dichos reinos y provincias toda especie de cultivo e industria
Art. 89. Se permitirá el comercio recíproco entre los reinos y provincias entre si y con la
Metrópoli.
Art. 90. No podrá concederse privilegio ninguno particular de exportación o importación
en dichos reinos y provincias.
Art. 91. Cada reino y provincia tendrá constantemente cerca del Gobierno diputados
encargados de promover sus intereses y de ser sus representantes en las Cortes.
Art. 92. Estos diputados serán en número de 22, a saber:
Dos de Nueva España.
Dos del Perú
Dos del Nuevo Reino de Granada.
Dos de Buenos Aires.
Dos de Filipinas.
Uno de la Isla de Cuba.
Uno de Puerto Rico
Uno de la provincia de Venezuela.
Uno de Caracas
Uno de Quito
Uno de Chile
Uno de Cuzco.
Uno de Guatemala.
Uno de Yucatán.
Uno de Guadalajara.
Uno de las provincias internas occidentales de Nueva España.
Y uno de las provincias orientales.
Art. 93. Estos diputados serán nombrados por los Ayuntamientos de los pueblos, que
designen los virreyes o capitanes generales, en sus respectivos territorios.
Para ser nombrados deberán ser propietarios de bienes raíces y naturales de las
respectivas provincials
Cada Ayuntamiento elegirá, a pluralidad de votos, un individuo, y el acto de los
nombramientos se remitirá al virrey o capitán general.
Será diputado el que reúna mayor número de votos entre los individuos elegidos en los
Ayuntamientos. En caso de igualdad decidirá la suerte.
Art. 94. Los diputados ejercerán sus funciones por el término de ocho años. Si al
concluirse este término no hubiesen sido reemplazados, continuarán en el ejercicio de sus
funciones hasta la llegada de sus sucesores.
Art. 95. Seis diputados nombrados por el Rey, entre los individuos de la diputación de los
reinos y provincias españolas de América y Asia, serán adjuntos en el Consejo de Estado
y Sección de Indias. Tendrán voz consultiva en todos los negocios tocantes a los reinos y
provincias española s de América y Asia.
TÍTULO XI
Del orden judicial
Art. 96. Las Españas y las Indias se gobernarán por un solo Código de leyes civiles y
criminales.
Art. 97. El orden judicial será independiente en sus funciones.
Art. 98. La justicia se administrará en nombre del Rey, por juzgados y tribunales que él
mismo establecerá.
Por tanto, los tribunales que tienen atribuciones especiales, y todas las justicias de
abadengo, órdenes y señorío, quedan suprimidas.
Art. 99. El Rey nombrará todos los jueces.
Art. 100. No podrá procederse a la destitución de un juez sino a consecuencia de
denuncia hecha por el presidente o el procurador general del Consejo Real y deliberación
del mismo Consejo, sujeta a la aprobación del Rey.
Art. 101. Habrá jueces conciliadores, que formen un tribunal de pacificación, juzgados de
primera instancia, audiencias o tribunales de apelación, un Tribunal de reposición para
todo el reino, y una Alta Corte Real.
Art. 102. Las sentencias dadas en última instancia deberán tener su plena y entera
ejecución, y no podrán someterse a otro tribunal sino en caso de haber sido anuladas por
el Tribunal de reposición.
Art. 103. El número de juzgados de primera instancia se determinará según lo exijan los
territorios. El número de las Audiencias o tribunales de apelación, repartidos por toda la
superficie del territorio de España e islas adyacentes, será de nueve por lo menos y de
quince a lo más.
Art. 104. El Consejo Real será el Tribunal de reposición.
Conocerá de los recursos de fuerza en materias eclesiásticas.
Tendrá un presidente y dos vicepresidentes. El presidente será individuo nato del Consejo
de Estado.
Art. 105. Habrá en el Consejo Real un procurador general o fiscal y el número de
sustitutos necesarios para la expedición de los negocios.
Art. 106. El proceso criminal será público.
En las primeras Cortes se tratara de si se establecerá o no el proceso por jurados.
Art. 107. Podrá introducirse recurso de reposición contra todas las sentencias criminales.
Este recurso se introducirá en el Consejo Real, para España e islas adyacentes, y en las
salas de lo civil de las Audiencias pretoriales para las Indias. La Audiencia de Filipinas se
considerará para este efecto como Audiencia pretorial.
Art. 108. Una Alta Corte Real conocerá especialmente de los delitos personales
cometidos por los individuos de la familia Real, los ministros, los senadores y los
consejeros de Estado.
Art. 109. Contra sus sentencias no podrá introducirse recurso alguno, pero no se ejecutará
hasta que el Rey las firme.
Art. 110. La Alta Corte se compondrá de los ocho senadores más antiguos, de los seis
presidentes de sección del Consejo de Estado y del presidente y de los dos vicepresidentes
del Consejo Real
Art. 111. Una ley propuesta de orden del Rey, a la deliberación y aprobación de las
Cortes, determinará las demás facultades y modo de proceder de la Alta Corte Real.
Art. 112. El derecho de perdonar pertenecerá solamente al Rey y le ejercerá oyendo al
ministro de Justicia, en un consejo privado compuesto de los ministros, de dos senadores,
de dos consejeros de Estado y de dos individuos del Consejo Real.
Art. 113. Habrá un solo Código de Comercio para España e Indias.
Art. 114. En cada plaza principal de comercio habrá un tribunal y una Junta de comercio.
TÍTULO XII
De la administración de Hacienda
Art. 115. Los vales reales, los juros y los empréstitos de cualquier naturaleza, que se
hallen solemnemente reconocidos, se constituyen definitivamente deuda nacional.
Art. 116. Las aduanas interiores de partido a partido y de provincia a provincia quedan
suprimidas en España e Indias. Se trasladarán a las fronteras de sierra o de mar.
Art. 117. El sistema de contribuciones ser igual en todo el reino
Art. 118. Todos los privilegios que actualmente existen concedidos a cuerpos o a
particulares, quedan suprimidos.
La supresión de estos privilegios, si han sido adquiridos por precio, se entiende hecha
bajo indemnización, la supresión de los de jurisdicción será sin ella.
Dentro del término de un año se formará un reglamento para dichas indemnizaciones.
Art. 119. El Tesorero público será distinto y separado del Tesoro de la Corona.
Art. 120. Habrá un director general del Tesoro público que dará cada año sus cuentas, por
cargo y data y con distinción de ejercicios.
Art. 121. El Rey nombrará el director general del Tesoro público. Este prestará en sus
manos juramento de no permitir ninguna distracción del caudal público, y de no autorizar
ningún pagamento, sino conforme a las consignaciones hechas a cada ramo.
Art. 122. Un tribunal de Contaduría General examinará y fenecerá las cuentas de todos
los que deban rendirlas.
Este tribunal se compondrá de las personas que el Rey nombre.
Art. 123. El nombramiento para todos los empleos pertenecerá al Rey o a las autoridades
a quienes se confíe por las leyes y reglamentos.
TÍTULO XIII
Disposiciones generales
Art. 124. Habrá una alianza ofensiva y defensiva perpetuamente, tanto por sierra como
por mar, entre Francia y España. Un tratado especial determinará el contingente con que
haya de contribuir, cada una de las dos potencias, en caso de guerra de tierra o de mar.
Art. 125. Los extranjeros que hagan o hayan hecho servicios importantes al Estado, los
que puedan serle útiles por sus talentos, sus invenciones o su industria, y los que formen
grandes establecimientos o hayan adquirido la propiedad territorial, por la que paguen de
contribución la cantidad anual de 50 pesos fuertes, podrán ser admitidos a gozar, el
derecho de vecindad.
El Rey concede este derecho, enterado por relación del ministro de lo Interior y oyendo al
Consejo de Estado.
Art. 126. La casa de todo habitante en el territorio de España y de Indias es un asilo
inviolable: no se podrá entrar en ella sino de día y para un objeto especial determinado
por una ley, o por una orden que dimane de la autoridad pública.
Art. 127. Ninguna persona residente en el territorio de España y de Indias podrá ser
presa, como no sea en flagrante delito, sino en virtud de una orden legal y escrita.
Art. 128. Para que el acto en que se manda la prisión pueda ejecutarse, será necesario:
1.° Que explique formalmente el motivo de la prisión y la ley en virtud de que se manda.
2.° Que dimane de un empleado a quien la ley haya dado formalmente esta facultad. 3.°
Que se notifique a la persona que se va a prender y se la deje copia.
Art. 129. Un alcaide o carcelero no podrá recibir o detener a ninguna persona sino
después de haber copiado en su registro el acto en que se manda la prisión. Este acto debe
ser un mandamiento dado en los términos prescritos en el artículo antecedente, o un
mandato de asegurar la persona, o un decreto de acusación o una sentencia.
Art. 130. Todo alcaide o carcelero estará obligado, sin que pueda ser dispensado por
orden alguna, a presentar la persona que estuviere presa al magistrado encargado de la
policía de la cárcel, siempre que por él sea requerido.
Art. 131. No podrá negarse que vean al preso sus parientes y amigos, que se presente con
una orden de dicho magistrado, y éste estará obligado a darla, a no ser que el alcaide o
carcelero manifieste orden del juez para tener al preso sin comunicación.
Art. 132. Todos aquellos que no habiendo recibido de la ley la facultad de hacer prender,
manden, firmen y ejecuten la prisión de cualquiera persona, todos aquellos que aún en el
caso de una prisión autorizada por la ley reciban o detengan al preso en un lugar que no
esté pública y legalmente destinado a prisión, y todos los alcaides y carceleros que
contravengan a las disposiciones de los tres artículos precedentes, incurrirán en el crimen
de detención arbitraria.
Art. 133. El tormento queda abolido: todo rigor o apremio que se emplee en el acto de la
prisión o en la detención y ejecución y no esté expresamente autorizado por la ley, es un
delito.
Art. 134. Si el Gobierno tuviera noticias de que se trama alguna conspiración contra el
Estado, el ministro de Policía podrá dar mandamiento de comparecencia y de prisión
contra los indicados como autores y cómplices.
Art. 135. Todo fideicomiso, mayorazgo o sustitución de los que actualmente existen y
cuyos bienes, sea por sí sólo o por la reunión de otros en una misma persona, no
produzcan una renta anual de 5.000 pesos fuertes, queda abolido.
El poseedor actual continuará gozando de dichos bienes restituidos a la clase de libres.
Art. 136. Todo poseedor de bienes actualmente afectos a fideicomiso, mayorazgos o
sustitución, que produzcan una renta anual de más de 5.000 pesos fuertes, podrá pedir, si
lo tiene por conveniente, que dichos bienes vuelvan a la clase de libres. El permiso
necesario para este efecto ha de ser el Rey quien lo conceda.
Art. 137. Todo fideicomiso, mayorazgo o sustitución de los que actualmente existen, que
produzca por sí mismo o por la reunión de muchos fideicomisos, mayorazgos o
sustituciones en la misma cabeza, una renta anual que exceda de 20.000 pesos fuertes, se
reducirá al capital que produzca líquidamente la referida suma, y los bienes que pasen de
dicho capital, volverán a entrar en la clase de libres, continuando así en poder de los
actuales poseedores.
Art. 138. Dentro de un año se establecerá, por un reglamento del Rey, el modo en que se
han de ejecutar las disposiciones contenidas en los tres artículos anteriores.
Art. 139. En adelante no podrá fundarse ningún fideicomiso, mayorazgo o sustitución
sino en virtud de concesiones hechas por el Rey por razón de servicios en favor del
Estado, y con el fin de perpetuar en dignidad las familias de los sujetos que los haya
contraido.
La renta anual de estos fideicomisos, mayorazgos o sustituciones, no podrá en ningún
caso de exceder de 20.000 pesos fuertes ni bajar de 5.000.
Art. 140. Los diferentes grados y clases de nobleza actualmente existentes serán
conservados con sus respectivas distinciones, aunque sin exención alguna de las cargas y
obligaciones públicas y sin que jamás pueda exigir la calidad de nobleza para los empleos
civiles ni eclesiásticos, ni para los grados militares de mar y tierra. Los servicios y los
talentos serán los únicos que proporcionen los ascensos.
Art. 141. Ninguno podrá obtener empleos públicos civiles y eclesiásticos si no ha nacido
en España o ha sido naturalizado.
Art. 142. La dotación de las diversas órdenes de caballería no podrá emplearse, según que
así lo exige su primitivo destino, sino es recompensar servicios hechos al Estado. Una
misma persona nunca podrá obtener más de una encomienda.
Art. 143. La presente Constitución se ejecutará sucesiva y gradualmente por decreto o
edicto del Rey, de manera que el todo de sus disposiciones se halle puesto en ejecución
antes del I de enero de 1813.
Art. 144. Los fueros particulares de las provincias de Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y
Alava se examinarán en las primeras Cortes, para determinar lo que se juzgue más
conveniente al interés de las mismas provincias y al de la nación.
Art. 145. Dos años después de haberse ejecutado enteramente esta Constitución, se
establecerá la libertad de imprenta. Para organizarla se publicará una ley hecha en Cortes.
Art. 146. Todas las adiciones, modificaciones y mejoras que se haya creído conveniente
hacer en esta Constitución, se presentarán de orden del Rey al examen y deliberació n de
las Cortes, en las primeras que se celebren después del año 1820.
Comuníquese copia de la presente Constitución autorizada por nuestro ministro Secretario
de Estado, al Consejo Real y a los demás Consejos y Tribunales, a fin de que se publique
y circule en la forma acostumbrada.
Dada en Bayona a seis de julio de mil ochocientos ocho. Firmado: José. Por Su Majestad:
El ministro Secretario de Estado, Mariano Luis de Urquijo.
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